Escrito por: David Álvarez
El proyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública ha sumado artículos que establecen límites a la publicidad de juegos y apuestas online. Se trata de los inciso que pertenecían al Real Decreto de 2020 y que fueron derogados este año por el Tribunal Supremo.
Desde el gobierno de Pedro Sánchez se intenta contener el marketing del juego.
Buscando restaurar los artículos derogados por el TS
Los idas y vueltas sobre las restricciones a la publicidad de juegos y apuestas online han dado un nuevo giro. Ahora han aparecido como una articulación con el proyecto de ley por el que se propone la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.
Este proyecto tiene como finalidad la modificación de la Ley 33/2011 General de Salud Pública y se viene debatiendo en distintos espacios legislativos desde hace varios meses. La actual enmienda introduce limitaciones al marketing del sector del iGaming, por considerarlo un tema ligado a la salud pública.
En abril, el Tribunal Supremo (TS) tomó la decisión de derogar los puntos relacionados con estas cuestiones pertenecientes al Real Decreto 958/2020 de comunicaciones comerciales. En esa reglamentación, diseñada por el extitular de Consumo, Alberto Garzón, se tomaban medidas estrictas de control sobre el marketing de la industria del juego.
Puntualmente, el TS anuló los apartados 1 y 3 del artículo 13, que versaban sobre las promociones orientadas a captar nuevos clientes; el artículo 14, sobre la contratación de celebridades para los anuncios; y el apartado 1 del artículo 23, referido a la difusión comercial en servicios de la sociedad de la información.
Otro artículos afectados fueron el 25.3, relativo a las comunicaciones comerciales en plataformas de vídeos como Twitch; y el 26, específicamente en sus apartados 2 y 6, que restringían la publicidad de juegos y apuestas online a través de las redes sociales.
El Alto Tribunal había establecido que este tipo de asuntos no se podían reglamentar a través de un decreto, sino que necesitaban del estatuto de ley. Por eso es que el PSOE y el Plurinacional Sumar ha trabajado en su integración con el proyecto del área de salud.
Debate por las libertades del empresariado de juego
La decisión del TS llegó a partir de un recurso presentado por la Asociación Española de Juego Digital (Jdigital) contra el Real Decreto 958/2020. Desde la patronal de iGaming se han multiplicado los reclamos por lo que entienden que es un ataque a la libertad de mercado de las empresas.
Jdigital ha sostenido en numerosas ocasiones que la publicidad es el arma principal de las plataformas legales para diferenciarse de las clandestinas. Si no hay una clara visibilidad de la oferta, los usuarios pueden acceder a páginas sin licencia, por no conseguir distinguir unas de otras.
Asimismo, desde Jdigital se impulsó la idea de que el mercado de juego español estaba atravesando una “cronificación negativa” a causa de las restricciones del Estado. Esto implicaría un crecimiento por debajo de las expectativas, así como una asimetría de condiciones en relación con otros países de la región.
De todas formas, los ingresos de casinos online y casas de apuestas han crecido de modo sólido desde el fin de la pandemia en adelante. Mientras tanto, algunos mercados europeos, como el de los Países Bajos, toman caminos mucho más prohibitivos en relación con la publicidad del juego.
Los cambios que se avecinan en el marketing
Los partidos que conducen el Poder Ejecutivo de la Nación también se proponen incorporar una Disposición Final en la nueva versión de la Ley 13/2011. Se trata de un conjunto de estipulaciones sobre los modos permitidos de explotar el marketing de los juegos y las apuestas deportivas online en España.
Uno de estos cambios involucra las comunicaciones comerciales a través de correo electrónico, mensajería virtual y correo postal. Este tipo de publicidad solo podrá ser enviada si el destinatario lo ha permitido. Actualmente, los operadores pueden hacer llegar sus contenidos sin necesidad de pedir permiso.
En el mismo sentido, volvería a regir la prohibición de contratar a personalidades públicas, como deportistas famosos o influencers, para llevar a cabo campañas publicitarias. Esto también es válido para personajes de ficción que se pudieran usar para tal fin.
Las celebridades solo podrán aparecer en las comunicaciones comerciales cuando sean las mismas personas que narran eventos deportivos en vivo, aunque en esos casos la publicidad no podrá añadirse al discurso de la narración del evento indistintamente, sino que deberá estar claramente separado.
También se permitirá la participación de personas que presenten los concursos en medios como la radio y la televisión. En esos casos, los anuncios solo podrán realizarse en el mismo programa en el que se desarrolla el concurso.
El proyecto de ley implica una delimitación de quiénes son las personas o personajes definidos como “celebridades”, al tiempo que presenta una clasificación de los tipos publicitarios permitidos. El documento deberá transitar las cámaras parlamentarias, donde estará sujeto a potenciales revisiones y agregados.
Más sobre una ley que se propone cambiar la salud pública
La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública surgió como una idea luego de la pandemia de Covid-19. Su misión sería la de vigilar el estado de la salud de la población española, al tiempo que representaría una convergencia, por primera vez, entre los conceptos de salud humana, salud ambiental y salud de los animales.
La ventaja de contar con esta institución sería que el Estado se podría adelantar las necesidades y riesgos de la salud pública. Las autoridades de la actual gestión del gobierno interpretan que la publicidad del juego online comporta un peligro latente para distintos sectores en condición de vulnerabilidad.
Las enmiendas realizadas al proyecto llegaron luego de que, a principios de este año, el Ejecutivo autorizara un comité enfocado en la protección de adolescentes y niños, quienes son particularmente sensibles a los estímulos publicitarios de los medios online.
No solo en España, sino en la mayor parte de Europa, las políticas de salud pública cada vez se enfocan más en la prevención de la ciberludopatía entre menores de edad. Es un desafío que va en paralelo al crecimiento sin techo del sector del juego, aunque las autoridades afirman que no son incompatibles entre sí.
