Escrito por: David Álvarez
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha propuesto una vía legislativa para que se recuperen las restricciones al juego online. Consiste en darle un rango de ley a los artículos que fueron anulados por el Tribunal Supremo este año. El objetivo es garantizar la protección de menores frente a la publicidad del sector.
El Tribunal Supremo canceló artículos por considerar que requerían rango de ley.
Iniciativa del Poder Ejecutivo para restablecer los artículos
El mes pasado, el Tribunal Supremo tomó la decisión de anular algunos artículos del Real Decreto 958/2020, mediante el que se regulaban las comunicaciones comerciales del sector del juego. Ahora, desde el Poder Ejecutivo intentarán recuperar los artículos perdidos a través de la vía legislativa.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo había dictaminado que los aspectos puntuales sobre la publicidad de promociones debía contar con el rango de ley. Por eso es que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció que buscará esa alternativa de regulación.
El ministro presentó el proyecto en su reunión con las autoridades de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Luego brindó declaraciones a la prensa, encargándose de aclarar los objetivos que impulsan a restaurar el decreto que restringía la publicidad del juego en España.
Bustinduy apuntó contra las campañas que la industria realiza en internet y redes sociales, en las que se utiliza la imagen de influencers o celebridades para promover las apuestas. En el mismo sentido, se posicionó en contra del marketing que utiliza bonos de bienvenida, por considerarlos un estímulo riesgoso.
El ministro enfatizó que estas campañas están orientadas al público joven, y por ello requieren mayores reglamentaciones. Expuso que los menores deben ser protegidos de las potenciales adicciones, como la ludopatía. En su proyecto, se incluyen refuerzos para la verificación de la edad en el registro de plataformas de juego.
Las declaraciones a la prensa, que fueron compartidas en la cuenta del Ministerio en la red social X, dejaron en claro que Bustinduy sigue una línea cercana a su antecesor en el puesto de Consumo, Alberto Garzón. La gestión anterior estuvo marcada por el Real Decreto que sigue generando polémica.
A la carga también contra las cajas botín
Otro de los puntos considerados por el ministro es el de las cajas botín, también conocidas como lootboxes. Estos productos de la industria de los videojuegos han estado rondando el debate público en España desde hace varios años, a causa de las controversias que generan.
En efecto, las cajas botín tienen numerosos puntos de contacto con los juegos de azar. Se trata de recompensas aleatorias que están dispuestas en ciertos videojuegos, generalmente con la intervención de dinero. No existe un límite de edad ni restricciones específicas para esto.
Según Bustinduy, el 24% de los jóvenes de entre 15 y 17 años compraron cajas botín el año pasado en España. El hecho de que casi un cuarto de los adolescentes adquiera estos productos hace que se normalice una práctica que los acerca a las apuestas.
De todas maneras, el ministro destacó que los videojuegos representan una industria importante, que debe ser acompañada y no atacada para su desarrollo. Por eso es que las restricciones que se vienen proponiendo para las cajas botín no tendrán la intención de generar un impacto negativo.
El sector del juego, otra vez contra el gobierno
Este posicionamiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va en contra de los intereses del sector privado. Desde la patronal de juego online de España, Jdigital, habían elogiado la medida del Tribunal Supremo, haciendo hincapié en que se trataba del comienzo de una reivindicación.
De hecho, para las empresas, el restablecimiento de la publicidad de bonos y las compañas en redes serían apenas el primer paso para lo que entienden como la normalización del servicio. Por eso el anuncio de Bustinduy representó un retroceso en los planes del sector.
Mientras que desde el Estado busca más protecciones para los menores, desde la industria del juego se asegura que ya existen mecanismos suficientes. La verificación de la identidad, que es obligatoria en todos los operadores con licencia de la DGOJ, es el estándar para restringir el acceso a los menores.
Los actores de la industria del juego también siguen impulsando el regreso de los patrocinios deportivos, que fueron prohibidos tras la pandemia. Las grandes empresas trasladaron sus inversiones del fútbol español al fútbol latinoamericano, con la intención de buscar mercados más flexibles para su desarrollo.
Si bien durante el período de recesión se vio cierta caída en los ingresos del juego online, luego la tendencia volvió a ubicarse rumbo al alza constante, con una inmejorable proyección económica. Esto parecería indicar que las restricciones del gobierno no han tenido el catastrófico impacto que se anunciaba desde el sector privado.
