Escrito por: Juana González
El Ministerio de Hacienda de Brasil dio a conocer cuáles son los requerimientos para la comercialización de las apuestas deportivas en el territorio nacional. Las empresas tienen tiempo hasta fines de noviembre para mostrar su interés por ingresar en el negocio, ya sea en la modalidad presencial u online. Las loterías estatales no tendrían derecho de emitir licencias nacionales.
La ley de apuestas deportivas en Brasil está a pocos pasos de ser realidad.
Luz verde para las apuestas deportivas en Brasil
Hace un buen tiempo que las apuestas deportivas aguardan por su reglamentación oficial. El momento parece haber llegado, ahora que el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer los requerimientos para obtener una licencia en Brasil. Las condiciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Unión el 27 de octubre; allí se establece un plazo de 30 días para que las empresas den una muestra de interés por la adjudicación del permiso.
Esto quiere decir que para fines del corriente mes ya habrá un panorama más claro sobre cuáles serán los operadores habilitados en el país. Esto es motivo de un gran entusiasmo entre las firmas del rubro, puesto que Brasil es el país con más visitas a páginas apuestas deportivas del mundo. La reglamentación traerá claridad para jugadores y plataformas operadoras, así como una suculenta recaudación fiscal para el Estado.
La Ordenanza 1.330 indica cuáles serán las condiciones generales, así como los derechos y las obligaciones de los propios usuarios. Se incluyen aspectos relativos a la prevención del lavado de dinero y medidas para asegurar el juego responsable. También hay señalamientos sobre el alcance de la publicidad.
El documento de Hacienda establece que no habrá límite de licencias para apuestas deportivas. En el mismo sentido, las empresas adjudicatarias podrán explotar el rubro tanto en la modalidad presencial como digital.
Requerimientos para los operadores solicitantes
Toda empresa que quiera acercarse a la actividad deberá presentar con antelación todos los documentos que den fe de su idoneidad jurídica, así como su transparencia fiscal. Otras calificaciones serán las relativas a la solidez financiera, la posible oferta laboral para el país y las especificaciones técnicas.
Tal como se ha visto en otros mercados de América Latina, los operadores internacionales tendrán que contar con una empresa subsidiaria en Brasil. Este punto será comprobado antes de que se solicite cualquier licencia. De ese modo, se les da una posibilidad comercial a las firmas locales, al tiempo que se asegura la presencia de la entidad habilitada dentro del país, sujeta a los regímenes fiscales correspondientes.
La ordenanza también especifica que los solicitantes deberán tener una estructura corporativa compatible con las complejidades y riesgos del negocio. Esto incluye la atención al cliente en lengua portuguesa, herramientas de autoexclusión, garantías de que solo apostarán mayores de edad, y contactos electrónicos 24/7, entre otros puntos.
Asimismo, los operadores habrán de dar cuenta de sus mecanismos de integridad en relación con el deporte, en función de prevenir cualquier tipo de amaño. Para ello se deberá involucrar a organismos de monitoreo, que registran apuestas sospechosas, tales como la International Betting Integrity Association (IBIA). También habrá que poner en marcha protocolos para garantizar que las plataformas de juego no sean utilizadas por organizaciones ilícitas para filtrar su dinero.
Integridad, seguridad y prevención como baluartes
El funcionamiento de las apuestas deportivas deberá ser por completo independiente de las instituciones del deporte. Tal como ya se había anticipado, las empresas operadores no podrán contar entre sus socios o accionistas a ninguna persona que tenga participación con la estructura del deporte profesional. Es una manera de prevenir arreglos y promover la transparencia, que es indispensable tanto para las disciplinas deportivas como para las apuestas justas.
Todas las plataformas de apuestas tendrán la obligación de entregar datos sobre la naturaleza del juego, en función de que los usuarios comprendan correctamente los riesgos y oportunidades que implica la actividad. Entre las herramientas se deberán contener los criterios para ganar, los pasos para apostar, la lógica de las cuotas y todo tipo de información indispensable para jugar con seguridad.
En cuanto a los métodos de pago, no se admitirán tarjetas de crédito, cheques ni dinero en especie. Tampoco estará permitido el rol de testaferros, es decir, de personas que apuesten a cuenta de terceros, sobre todo para prevenir la intervención de menores de edad y autoexcluidos.
Lo relativo al juego responsable involucra un capítulo de la ordenanza, en donde se indican todas las medidas y señalamientos obligatorios y las recomendaciones para los operadores y clientes. Principalmente, las plataformas no podrán inducir bajo ninguna forma el juego compulsivo y deberán tomar como prioridad el cuidado de los sectores vulnerables. Estará la posibilidad de establecer límites diarios de tiempo de exposición, montos máximos de apuesta o de pérdidas, períodos de pausa y más. En el mismo sentido, el marketing y la publicidad deberán tener un enfoque preventivo, con la idea de formar jugadores responsables.
Haddad contra las loterías estatales
Uno de los grandes motivos de debate en las últimas semanas ha girado en torno a cuáles serán las instituciones con capacidad para otorgar licencias nacionales. Algunas loterías estatales, como la de Río de Janeiro, ya han empezado a brindar habilitaciones, como la que obtuvo la plataforma Pixbet, sponsor de los clubes de Flamengo y Corinthians. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda están cabildeando la medida de que solo las autoridades federativas puedan emitir licencias para el país.
El ministro Haddad, principal impulsor de la ley de apuestas deportivas, es la voz cantante en el asunto. El asesor especial del Ministerio, José Francisco Manssur, ya se ha reunido con el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, para asegurar la cuestión. Esto implicaría cierta incompatibilidad con algunos operadores que ya han pagado sus habilitaciones, lo cual habrá de dirimirse cuando la ley haya sido promulgada.
