Escrito por: Emilia Rojas
La Policía de Investigaciones (PDI) deberá interrogar a varios dirigentes del fútbol chileno por el contrato entre los clubes y las empresas de apuestas online, que aún no son legales en el país. La solicitud fue impulsada por la Polla de Beneficencia, empresa del Estado con monopolio del juego digital.
En Chile sigue sin resolverse el problema de la legalidad de los patrocinios deportivos.
Investigación en el fútbol chileno por los patrocinios de apuestas
Se abre un nuevo capítulo de la historia de tensión entre la industria del juego chilena y los operadores internacionales de apuestas online. Ahora el Ministerio Público le ha solicitado a la Policía de Investigaciones (PDI) que vaya a fondo sobre los contratos de patrocinios deportivos en el fútbol nacional.
Son varios los clubes que deberán responder ante las autoridades. Entre ellos, Audax Italiano, Palestino, O’Higgins, La Serena y Coquimbo Unido. Más resonantes son el caso de Colo Colo y el Club Universidad de Chile, ambos asociados con la plataforma Jugabet.
Por el lado de ColoColo, deb erá responder Aníbal Mosa, presidente de la sociedad Blanco y Negro S.A., que oficia como entidad administradora del club. Ya en ocasiones anteriores el directivo había tenido que dar explicaciones sobre los vínculos con diversas casas de apuestas internacionales.
Por el lado de la U de Chile, la justicia está detrás de Michael Clark, presidente de Azul Azul, la firma que tiene la concesión del club. El empresario recibió numerosas críticas de los representantes de la Polla de Beneficencia, quienes encuentran que los contratos con sitios de apuestas son completamente ilegales.
Clark fue citado ante la justicia en julio del año pasado, pero en su lugar asistió su abogada defensora. Se trataba de una causa abierta por el acuerdo entre Azul Azul y el operador Betano, de la multinacional Kaizen Gaming International Ltd.
Esto surgió a raíz de la instrucción recibida por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) por parte de la fiscal Rossana Folli, quien colige que la actividad de las plataformas digitales no puede volverse efectiva sin una regulación del gobierno.
En aquella instancia, la abogada de Azul Azul expresó que no se iba a dar información sobre los contratos de la entidad con las plataformas de apuestas online. Ahora, con la decisión del Ministerio Público, la empresa se verá en la obligación de brindar los datos que se le soliciten.
La ANFP también deberá responder por los patrocinios
Además, la fiscalía ha pedido la citación del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, en busca del listado de contratos que han regido entre casas de apuestas en Chile y la entidad. También deberá responder por los acuerdos de clubes que forman parte de la asociación.
No es la primera vez que Milad está en el blanco de la disputa por los patrocinios deportivos. En otras oportunidades disertó ante las autoridades legislativas del país, en el marco del estudio para una reglamentación del juego online. Allí indicó que el sustento financiero de las compañías del sector es prácticamente irremplazable para el deporte profesional.
Así y todo, desde que las autoridades presionaron para el fin de los patrocinios de casas de apuestas sin licencia, Betsson dio por terminado su acuerdo con la ANFP. Actualmente, es el Banco Itaú quien se ubica como main sponsor de la entidad rectora del fútbol chileno.
Desde las empresas más grandes del iGaming existe un compromiso de actuar en mercados regulados o en vías de regulación. Es una de las pautas para mostrar responsabilidad social y pujar por un entorno de juego seguro en todo el mundo.
Otras corporaciones que deberán declarar ante la justicia por el caso de los patrocinios de apuestas son la Televisión Nacional de Chile, Chilevisión, ESPN y Canal 13. El Ministerio Público viene haciendo un seguimiento de la relación de los medios y las empresas de juego.
Desde el sector privado alegan que, para insertarse en el mercado, es indispensable recurrir a la publicidad a gran escala. Esto a pesar de que el Ministerio de Hacienda anunció hace tiempo que las plataformas de juego que se mantuvieran activas durante el período de adecuación no podrían solicitar sus licencias.
Chile, en busca de su reglamentación definitiva de juego online
La contienda entre el empresariado nacional y los operadores extranjeros lleva varios años. La representación legal de estos últimos la ha encabezado el estudio de abogados Baeza & Cía., a cargo de Carlos Baeza, quien más de una vez respondió por los intereses de las plataformas transnacionales.
En diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley para las apuestas a distancia. El paso fue tomado como un gran auspicio para el comienzo de una nueva realidad comercial en el sector. Sin embargo, el camino hacia el Senado no parece demasiado aclarado.
La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ha realizado un llamamiento a que las autoridades le den prioridad al tema. Existen varios puntos que generan polémicas, como la negativa a admitir en la licitación a las firmas que hayan operado en los 12 meses previos.
La cuestión impositiva también es espinosa, puesto que el gravamen propuesto en Diputados generó rechazo entre el empresariado. Se trata del 20% sobre los ingresos brutos de juego, a los que se le suma una tasa del 1% al año para contribuir a actividades de prevención de la ludopatía.
También existe un impuesto del 2% sobre los ingresos brutos que se destinaría al fomento del deporte. La relación entre las entidades deportivas y las casas de apuestas estará bajo la supervisión de un órgano del Estado para garantizar la transparencia y despejar sospechas sobre arreglos de partidos.
Chile sigue esperando por su reglamentación, pero los usuarios no han dejado de apostar. Las páginas fraudulentas se mezclan con las seguras en un mercado sin credenciales del gobierno. Es uno de los países de la región que más se ha demorado en buscar una solución para el fenómeno de las apuestas online.
