La autoridad chilena de casinos ha realizado declaraciones públicas en las que pide que el Congreso avance con el tratamiento de la ley de juego online. La zona gris en la normativa sigue dando lugar a conflictos entre las empresas locales y las plataformas extranjeras que desean solicitar su licencia para instalarse en el mercado.
Advertencia por la promoción de juego online ilegal
La puja por la reglamentación de juego online en Chile tiene un nuevo capítulo. Ahora la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), autoridad de control del país, ha lanzado un reclamo por la proliferación de ofertas y promociones de plataformas sin licencia a través de influencers y redes sociales.
Este mecanismo de difusión es muy común en la industria, pero en Chile se produce un conflicto de intereses a causa de la falta de una reglamentación para el sector. En declaraciones con el medio local La Tercera, la SCJ subrayó los problemas que generan las operaciones por fuera de la ley.
En efecto, al tratarse de sitios y aplicaciones que no funcionan bajo un marco jurídico claro, no es posible rastrear su comportamiento publicitario ni realizar balances de sus ingresos. Esto decanta en grandes montos que no pasan por el fisco chileno, con lo que se pierden una fuerte recaudación impositiva en el sector de los juegos de azar y apuestas en Chile.
Según la SCJ, la continuidad de las operaciones online implica una competencia desleal para el empresariado de Chile. Al contrario que las plataformas digitales, los operadores clásicos están sujetos a un gravamen del 20% de los ingresos brutos.
Además, las empresas registradas en el país deben atenerse a régimen de publicidad oficial. Por el contrario, las plataformas de juegos y apuestas continúan aplicando sus campañas de marketing sin ningún tipo de reglamentación. Resaltan los anuncios a través de redes sociales.
La contratación de influencers es una de las estrategias más utilizadas. Estas personas ofician como una suerte de voceros de las empresas operadoras, haciendo valer su gran cantidad de seguidores en distintos tipos de redes.
Lo que resulta preocupante para las autoridades es que este tipo de campañas llegan a menores de edad, que navegaban libremente por todo tipo de plataformas digitales. Aun más: ante la falta de una regulación, muchos sitios ni siquiera aplican controles etarios para el acceso a sus contenidos.
La perspectiva del empresariado de juego chileno
Cabe destacar que el proyecto de ley de juego online ha sido aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, pero el paso al Senado se ha visto postergado numerosas veces. Por eso es que la SCJ ha pedido que se avance con este proceso legislativo, en función de brindar un marco claro para la industria.
De hecho, la Comisión de Economía del Senado ya aprobó por unanimidad el proyecto, pero el pleno de la cámara sigue sin incluir el tema en su agenda. Para muchos, se trata de una estrategia de dilación indefinida para no ponerse en un lugar incómodo, en donde compiten distintos intereses.
De hecho, desde el Ministerio de Hacienda se ha propuesto un período de “cooling off”, lo que significa el enfriamiento del mercado chileno, tal como fue solicitado por la corporación chilena de juego Dreams. Esto implica que los postulantes a la licencia interrumpan sus operaciones durante 12 meses antes de la entrada en vigor de la ley.
Además, desde el empresariado nacional se solicitó que se les brinde la exclusividad de las operaciones durante los primeros 5 años. Esto se justifica en un fortalecimiento de la industria local, que podría se avasallada ante lo capitales transnacionales de las grandes plataformas de juego.
De la misma manera, la Polla Chilena de Beneficencia se ha pronunciado ante las autoridades numerosas veces en contra de la apertura indiscriminada del mercado. Esta entidad es, al día de hoy, la única adjudicataria de un permiso para operar apuestas online.
A diferencia de las corporaciones de juego, la Polla Chilena de Beneficencia deriva sus ingresos a entidades de bienestar social, como el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Consejo de Defensa del Niño (Codeni), la Cruz Roja de Chile, y el Cuerpo de Bomberos de Chile, entre muchas otras.
Las firmas de juego online, decididas a instalarse
Desde la vereda de enfrente, las grandes empresas de casino online y apuestas deportivas tienen todo listo para formalizar sus operaciones. En Chile cuentan con la representación legal del estudio de abogados Baeza & Cía., a cargo de Carlos Baeza, quien se ha postulado numerosas veces en contra del pretendido enfriamiento de mercado.
En su opinión, esta medida iría en contra de la libre competencia, lo cual traería consecuencias negativas en el desarrollo sostenible del juego online. En la misma línea, Baeza ha expuesto que este camino no es otra cosa que una vía para allanarle el camino a las empresas ya instaladas en el país.
Al igual que la SCJ, el estudio de abogados se muestra favorable al pronto tratamiento de la ley de juego en el Senado. Sin embargo, su perspectiva se diferencia en la intención de anular cualquier medida que vaya en contra de la libertad de mercado para las empresas adjudicatarias de licencias.
Uno de los puntos de Baeza es que la mayor parte de los 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuentan con reglamentaciones abiertas de juego online. Se caracterizan por la presencia de un autoridad de control que emite los permisos.
Este camino es el que han seguido distintos países de la región, como Perú, o las vías que están siguiendo otros, como Brasil. En el caso de Argentina, el tema es más complejo porque la materia la regula cada provincia, en vez de legislarse a nivel nacional.
Al conocerse la aprobación de la ley en Diputados, muchas empresas de juego online se retiraron de sus patrocinios deportivos en el país, confiando en que el tema se encauzaría. Sin embargo, ante la dilación indeterminada, muchas plataformas han vuelto a auspiciar equipos de fútbol.
No hay dudas de que la indefinición en el Senado afecta negativamente tanto a los operadores internacionales como a las firmas chilenas, así como a todos los actores secundarios. Todas las opiniones coinciden en que es tiempo de contar con una regulación clara que lleve orden al sector.