Caso Conajzar: juicio y escándalo en Paraguay por corrupción
Desde hace varios meses, la industria paraguaya atraviesa momentos de incertidumbre por las acusaciones a exintegrantes y actuales miembros de Conajzar, la entidad máxima de control de juegos de azar. Ahora, la fiscal a cargo del caso ha pedido el juicio público de los apuntados. Se trata de un caso de adjudicación irregular de licencias a una empresa de quinielas.
Un caso que golpea a la industria del juego
La administración pública de juegos de azar viene enfrentando tiempos complejos en Paraguay. Las acusaciones por corrupción habían producido la renuncia del presidente de Conajzar (Comisión Nacional de Juegos de Azar)Conajzar (Comisión Nacional de Juegos de Azar), pero ahora la justicia ha pedido el juicio oral a los acusados. Los gremios de la industria acompañan la decisión, aunque el caso genera un fuerte golpe para el sector.
La acusación de la fiscal María Estefanía González apunta a las irregularidades en la entrega de licencias de quinielas, tragamonedas y otros juegos a la empresa TDP. Para la autoridad, la cesión de derechos es potestad de las municipalidades, es decir, del sector público. Sin embargo, durante la anterior gestión se habilitaron funciones directamente a la empresa privada en cuestión.
Este caso ronda los medios de comunicación paraguayos desde hace meses y ha afectado negativamente a las organizaciones de juego. Ahora, los acusados deberán dar cuenta de sus actos en el banquillo de la justicia. Se trata del expresidente de Conajzar José A. Ortiz; la directora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Alonso; los representantes de las gobernaciones Ricardo Núñes y Rubén Rousillón; los representantes del Ministerio del Interior Omar Mongelos y Raúl Mariano Silva Busto, y el representante de la empresa TDA S.A. Álvaro Wasmosy.
El apoyo desde los gremios de juegos de azar paraguayos
Lejos de lavarse las manos, las entidades que representan a la industria en Paraguay se han hecho eco de la situación y han replicado las denuncias por inconsistencias. Desde la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) mostraron su apoyo por la indagatoria y por el próximo juicio oral. Sin embargo, no dejaron de marcar que este caso representa un duro golpe a la legitimidad del sector del juego en el país.
Así lo señaló una de las representantes de Apoja, Lorena Rojas, quien señaló que se debe pensar en cómo continuará el rubro después de este juicio. Será necesario tomar medidas lúcidas que renueven la cúpula del sector y que le den un nuevo matiz a la industria. Esto quiere decir que la condena de los responsables no será suficiente, sino que se deberán gestar políticas que refresquen la imagen del juego en Paraguay.
Desde la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar se mostraron opiniones semejantes. Su presidente, Aníbal Salomón, apuntó que la decisión de la fiscal González es acertada. También mencionó que la empresa TDP arrastra un historial muy negativo, con deudas históricas al fisco y que en su consideración es poco menos que una estafa.
Así también lo ven desde el Gremio de Operadores de Máquinas Electrónicas de Entretenimiento. Sus representantes insisten sobre la importancia de la intervención de las autoridades parlamentarias en Conajzar para garantizar su transparencia. De otra manera, la unilateralidad puede fomentar este tipo de prácticas irregulares.
En cuanto al Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quinielas, Bingos, Juegos de Azar y Afines (Sintraquiba), también celebró la medida como un paso necesario rumbo a la clarificación de los hechos. Su representante Alicia Gutiérrez expresó que la Fiscalía toma la voz de una gran cantidad de denuncias existentes. A su vez, le solicitó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que revoque el contrato de TDP.
Profundos cambios en la industria paraguaya
La administración pública de juegos de azar en Paraguay viene en el ojo de la tormenta desde hace mucho tiempo. Para varios expertos, este caso implica tocar fondo, y servirá como una renovación de sus autoridades. Lo cierto es que las denuncias se venían acumulando a lo largo de los años, y la empresa TDP continuaba operando con cierta impunidad con el visto bueno de los jerarcas de Conajzar.
Este año también se implementará la nueva Ley N° 6903, cuyo espíritu es la prevención del juego entre menores. Se trata de una legislación que inhibirá la proliferación de máquinas tragamonedas en los espacios públicos, como es habitual en el país. Estos elementos quedará destinados exclusivamente a salas de juego habilitadas.