Escrito por: Facundo Rossi
La Pastoral Social le envió una carta a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para que la cámara trate la ley contra la ludopatía que fue aprobada en Diputados. Le solicitan que le dé prioridad al proyecto, en vista de lo que consideran una epidemia de juego problemático entre niños y adolescentes.
El presidente Milei anunció que vetará la ley contra la ludopatía de ser aprobada.
Carta de la Pastoral Social a la presidenta del Senado
El Episcopado argentino confirmó su adhesión al proyecto de ley contra la ludopatía, que fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado mes de noviembre. La Comisión de Pastoral Social, mediante su presidente, el monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja, le hizo llegar una carta a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
El año pasado también le habían hecho constar su postura y su aprensión al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En esta oportunidad, las autoridades eclesiásticas le piden a Villarruel que le dé lugar al proyecto de ley entre las prioridades legislativas.
En su comunicado, el monseñor Braida indica en el último tiempo se ha notado un incremento considerable en la exposición de niños y adolescentes a los juegos de azar y las apuestas, a partir de la comercialización masiva de estos productos mediante la modalidad online.
Ratifica que esta preocupación no ha crecido solo en la Iglesia, sino también en familias, escuelas, y partidos políticos de diversa índole. La Pastoral Social señala un negocio inescrupuloso e ilegal que tiene como víctimas a los jóvenes y a las personas con menos recursos.
El monseñor Braida ha propuesto el rodaje de campañas de prevención para concientizar sobre el riesgo asociado al juego compulsivo. También pide más esfuerzo en el bloqueo de los sitios ilegales, que son la vía de acceso más común de los menores de edad a las apuestas.
De la misma manera, solicita más controles en el acceso a las plataformas de juego habilitadas, como el uso de datos biométricos. Además, el Episcopado muestra su afinidad con la idea central del proyecto de ley: la prohibición de la publicidad de casinos online y apuestas deportivas.
El Estado, el mercado y el voz de la Iglesia
La Pastoral Social ya se ha manifestado en otras oportunidades sobre el tema, enfatizando que cada vez llegan más problemas al seno de la Iglesia relacionados con la adicción al juego. El foco está en el público joven, y por eso uno de los reclamos es el bloqueo a estos dominios en redes de establecimientos educativos.
Además, en esta ocasión el monseñor Braida ha dejado constancia del malestar generado por la postura del presidente de la Nación, Javier Milei, quien el año pasado dijo que vetaría la ley contra la ludopatía si llegar a ser aprobada por el Senado.
La postura del presidente tiene que ver con permitir la continuidad de todas las capacidades publicitarias de la industria del juego. El marketing es la principal herramienta para captar nuevos usuarios y mantener a los estables, así como el recurso idóneo para difundir campañas de bonos y promociones.
Sobre todo, la publicidad del sector ha generado un negocio enorme en lo relativo a los patrocinios de fútbol. La mayor parte de los equipos de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) tienen algún tipo de sponsor de casas de apuestas.
La idea del presidente es evitar cualquier tipo de intervención estatal en el negocio de los privados. No obstante, desde la Iglesia subrayan la necesidad de tomar cartas en el asunto, en vista de que se presenta como un problema de salud que afecta a las familias y a las comunidades.
Desde la Pastoral Social se habla de una “cultura de la timba”, que parece opuesta a la “cultura del trabajo” tan refrendada en la sociedad argentina. Este tipo de visión del mundo está marcada por la expectativa de conseguir éxito repentinamente y salvarse de los problemas económicos comunes.
El Episcopado y los gobiernos en la regulación del juego
La legalización del juego online se dio de manera muy rápida en algunas provincias, como la de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, además de CABA. En todos esos casos, se constituyó a la autoridad de loterías provincial como el ente de emisión de permisos para las plataformas.
En la mayoría de esos procesos legislativos, la Iglesia intervino pidiendo mayor prudencia a las autoridades. Sin embargo, los reclamos por mayores restricciones no fueron atendidos en ningún caso. Los ajustes en relación con el juego problemático comenzaron una vez que el problema devino en escándalo público.
En la provincia de Córdoba, por ejemplo, el arzobispo y vicepresidente del Episcopado, cardenal Ángel Rossi, tuvo declaraciones cruzadas con el gobernador Martín Llaryora, a quien acusó de permitirles demasiada flexibilidad a las empresas de juego digital.
La Ciudad de Córdoba ha sido un terreno tradicionalmente libre de casinos. Con la nueva regulación, el cambio llegó de golpe, y cada ciudadano comenzó a tener juegos de azar en su teléfono, en los que pudo apostar en apenas algunos pasos.
El cardenal Rossi también se ha sumado a los cuestionamientos sobre la contratación de influencers para lanzar campañas publicitarias. Son varias las partes en Argentina que acusan que esta estrategia se orienta deliberadamente hacia el público joven, en especial cuando se realiza a través de las redes sociales.
Si la ley contra la ludopatía fuera aprobada por el Senado de la Nación, se trataría de uno de los primeros antecedentes en lo relativo a regulación de juego a nivel nacional. Esta es una materia que ha estado en manos de cada provincia. Los nuevos tiempos han requerido de nuevos intentos de solución.
