Escrito por: Juan Carlos Perales
La nueva normativa de juego de Castilla y León tuvo los votos a favor del Partido Popular y de Vox, y los votos en contra del PSOE y de Unidas Podemos. Para una parte de las Cortes, es la reglamentación más moderna de España, en tanto que otras voces afirman que no crea un entorno de juego genuinamente seguro.
Habrá más financiación para programas de rehabilitación de la ludopatía.
Una reglamentación liberal para el juego en Castilla y León
Luego de casi un año de tratativas, la comunidad de Castilla y León ha aprobado una nueva ley de juego. Se trata de una reglamentación con algunas particularidades que la diferencian de la legislación nacional, y en la que se proponen nuevas categorizaciones para el juego.
Tal como señaló el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, esta normativa parte del principio de mayor libertad de acción para las empresas del sector privado. En ese sentido, desde el oficialismo de las Cortes de Castilla y León se la considera la reglamentación más moderna de España.
La ley fue aprobada por los votos del Partido Popular (PP) y Vox, en tanto que los legisladores del PSOE y de Unidas Podemos votaron en contra. De hecho, la facción socialista de las Cortes había propuesta algunas enmiendas, que no fueron tenidas en cuenta.
A pesar de ello, el consejero ha destacado que el proceso parlamentario estuvo signado por el diálogo entre todas las partes involucradas. Remarcó la comunicación con el sector privado y la participación de las firmas públicas de juego, aunque estas últimas hubiera mostrado disconformidad con la nueva ley.
En la sección de Normativa General de Juego de las Cortes de Castilla y León aún no se ha incluido la flamante legislación. Sus aplicaciones se pondrán en marcha a lo largo de este año, e implicarán la adecuación a normas espaciales y financieras.
Detalles de las modificaciones en el reglamento de juego
El texto aprobado por las Cortes intenta brindar un mayor apoyo a las víctimas de la ludopatía, al tiempo que le entrega garantías más sólidas al sector privado para el desarrollo de su actividad. Esto último ha sido el principal terreno de disputa.
La normativa establece que la recaudación de lo que se reciba en virtud de sanciones será destinado al financiamiento de organizaciones que trabajan en la recuperación de las adicciones. Esto implicará un mayor sostén para los programas de juego responsable y las campañas educativas de prevención de la ludopatía.
En cuanto al estatuto sobre las sanciones, no se han presentado cambios. Esto quiere decir que permanece tal y como estaba en el texto de 1998, a pesar de los reclamos de la oposición.
Además, la ley hizo más estrictos los controles de ingreso a los establecimientos de juego. Habrá un registro de visitantes, entre otras novedades.
Por su parte, los locales tendrán mayores limitaciones para hacerse ver en el espacio público. Es una estrategia para que no acaparen las fachadas urbanas.
También se ha ampliado la distancia permitida entre establecimientos de apuestas y centros educativos de cualquier nivel, pasando de los 100 a los 150 metros. En el mismo sentido, se extendió a 300 metras la distancia entre locales de juego, en función de no inducir a la saturación de oferta.
Las disputas en torno a la ley de juego
Además de la negativa del socialismo en las Cortes, el desarrollo de la ley estuvo marcado por los reclamos de la ONCE. Según la firma de juego público, la normativa equipara su actividad a la del sector privado, lo cual podría resultar en un riesgo a su continuidad.
Puntualmente, desde la ONCE manifestaron que podrían peligrar las obras de beneficencia que caracterizan al espíritu del organismo. Esto podría ser la consecuencia de una disminución en los ingresos a raíz del incremento de la oferta del sector privado.
Desde el comité de entidades de representantes de personas con discapacidad (Cermi) en Castilla León también se enarbolaron estos argumentos contra la ley, destacando la incompatibilidad entre la normativa nacional vigente y la que se aprobó en la comunidad autónoma.
Desde el lado del PSOE, Yolanda Sacristán ha manifestado su decepción por la manera en la que se ignoraron las enmiendas al proyecto. Según la perspectiva de su partido, se le están dando demasiadas concesiones a los privados en desmedro de las empresas públicas.
Sin embargo, desde el oficialismo de Castilla y León se sostiene que la reglamentación es la más avanzada del país y que marcará un hito en el progreso del sector del juego. Los cambios comenzarán a quedar en evidencia a partir de este año.
