Escrito por: David Álvarez
El Ministerio de Consumo se fusionó con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, lo que dio lugar a una nueva institución que regulará la DGOJ. Este hecho está marcado por el paso al costado de la política institucional de Alberto Garzón, hasta ahora ministro de Consumo, quien ha impulsado medidas de juego seguro con restricciones para las empresas.
Cambios en la política española que afectan a la regulación del juego.
Fin del “Ciclo Garzón” a cargo de Consumo
La conformación de un nuevo gobierno al frente de Pedro Sánchez ha estado sujeta a importantes cambios en la política española. Uno de ellos es la partida de Alberto Garzón, quien se había desempeñado como ministro de Consumo desde el año 2020. Este Ministerio se unirá con el de Derechos Sociales y Agenda 2030, y pasarán a ser el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al mando de Pablo Bustinduy.
Garzón había anunciado que dejaría la política de primeras líneas en el mes de junio, cuando se comenzaba a confeccionar la estructura del acuerdo PSOE-Sumar. De hecho, no fue parte de las listas partidarias que se armaron durante las elecciones, con lo que su salida era un hecho. En una carta a la militancia, replicada en los medios españoles, Garzón apuntó que la política de España está frente a una nueva etapa, y que sus roles actuales se dan por finalizados.
Estos roles corresponden tanto a su puesto en el Consejo de Ministros como al de coordinador de su partido, Izquierda Unida. El hasta entonces ministro expuso que se trata de una decisión que mantiene firme y que su impresión es que deja a IU mucho mejor posicionada que hace 10 años. Se espera que esto conlleve a un recambio generacional en las filas del socialismo español.
En ese sentido, Garzón expresó sus intenciones de que la izquierda preserve el espíritu de unidad que ha sabido construir en la última década. Si bien ha habido una gran cantidad de grietas en el aparato partidario, se han podido resolver sobre la base del diálogo y el entendimiento. La coyuntura electoral, empero, ha arrojado al PSOE junto a nuevos aliados políticos.
Perfil de un ministro disruptivo
La gestión de Alberto Garzón estuvo marca por fuertes cruces con la industria del juego. Sus principales políticas fueron de índole proteccionista, y estuvieron marcadas por el fenómeno único que significó la pandemia, cuando las propuestas de entretenimiento digital cobraron una especial potencia. Desde el 2020 hasta esta parte, las empresas de apuestas online de España perdieron gran parte de sus posibilidades publicitarias.
Posiblemente el Real Decreto más recordado es el que prohibió los patrocinios deportivos, con lo que se acabó un negocio millonario para clubes y una salida comercial importante para las casas de apuestas. También se vio la reducción del horario de publicidades en radio y televisión de 1 a 5 de la madrugada, y se formalizó el período de 30 días de verificación para acceder a bonos en operadores online. Otro punto recordado es el cambio en los límites de apuesta, que está en marcha hasta el día de hoy.
Todo esto ha sido vivido como un logro para la gestión saliente de Consumo, en tanto que el empresariado español lo tomó como afrentas a su libertad de mercado. Desde la mayor patronal de juego online, Jdigital, se analizaron de manera muy crítica las medidas adoptadas por Garzón, esgrimiendo el argumento de que la minimización del espacio público de las plataformas legales fomentaba el surgimiento de plataformas clandestinas. La misma patronal ya ha saludado al ministro entrante en Consumo, con la esperanza de trabajar de una manera más alineada.
El panorama de Consumo y la perspectiva de la DGOJ
Con los cambios, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) quedará bajo el espectro de autoridad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Una de las preocupaciones es que, al fusionarse varias áreas, el presupuesto para cada una pueda quedar reducido. En este momento, la DGOJ está inmersa en la implementación de cambios en los depósitos, para lo cual realizó una consulta pública.
En cuanto al Ministerio de Consumo, recientemente ha asignado €1,3 millones a proyectos de trabajo sobre juego responsable. La idea es fomentar investigaciones que colaboren en la detección y prevención de la ludopatía, así como en el tratamiento de los afectados. Numerosas universidad de prestigio han recibido la subvención.
El flamante ministro Pablo Bustinduy ha declarado que su idea es pronunciar el camino seguido por ambos ministerios, tanto Consumo como Derechos Sociales y Agenda 2030. Con esto dio a entender que las medidas tendrá un enfoque de seguridad para los usuarios y protección de los sectores vulnerables. El programa a seguir aún está por verse.
