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La postura ambigua del gobierno español sobre las apuestas

La industria del juego ha perdido algo de terreno en España durante los últimos tiempos debido a las medidas proteccionistas de las autoridades oficiales. En cambio, el área pública del juego, como las loterías estatales, ha ganado presencia en el mercado. Esto se debe a que los dos rubros están sujetos a la autoridad de ministerios con perspectivas diferentes.

Calle en el centro de Madrid, España.

Se aprobó un presupuesto millonario para la comercialización de SELAE. (©c1n3ma/Pixabay)

Un mensaje contradictorio sobre el juego

La visión del gobierno de Pedro Sánchez sobre la industria del juego ha sido bastante crítica desde el comienzo de su mandato. Las políticas fomentadas desde entonces han tenido un carácter cada vez más restrictivo, hasta llegar a su pico máximo durante la pandemia, cuando se le pusieron numerosas trabas a la actividad. Entre ellas, el cierre de los casinos y las salas de apuestas presenciales.

Las medidas en cuestión fueron tomadas por el Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, del Partido Comunista. Sin embargo, las loterías públicas dependen del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a cargo de María Jesús Montero del PSOE, y su perspectiva sobre el tema es bastante diferente. Tanto es así, que SELAE y los juegos estatales han sido beneficiados con un generoso presupuesto de difusión, aprobado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado: €1,6 millones, con la posibilidad de ampliarse hasta los €3.080.000.

Este fondo estaría mayormente dedicado a la facilitación de los mecanismos publicitarios de la SELAE, con el fin de incentivar las apuestas entre el público más joven, de entre 18 y 24 años. Este cometido parece ir en contra de lo pregonado por el ministerio de Garzón, desde donde se toman medidas para desalentar el juego entre jóvenes, y se fomenta que los operadores realicen rigurosos controles de edad y perfil de los usuarios. No es extraño que esa doble postura moleste a los representantes de la industria del juego, puesto que las políticas no se inclinan a favor de su prosperidad comercial.

Trabas para el desarrollo del sector privado

Las principales preocupaciones del Ministerio de Consumo en la gestión de Garzón han pasado por la práctica sustentable del juego, entendida como la gestión en pos de minimizar los riesgos de la actividad. En ese sentido, se les puso el foco a la prohibición del juego en menores de edad, a la identificación de casos de ludopatía, y a la creación de herramientas para la contención de usuarios vulnerables.

Sobre esto último, las empresas se vieron conminadas a actuar. Entre los recursos desarrollados se cuentan el servicio de mensajes preventivos en los operadores en línea, que mostraron un marcado ascenso interanual. También la línea de atención telefónica 24 horas creada por Jdigital, la patronal del juego online, y Fejar (Federación Española de Jugadores Rehabilitados).

Las medidas de Consumo estuvieron orientadas a restringir las comunicaciones del sector privado, con trabas a la publicidad y el anuncio de ofertas. El peor momento fue durante el enclaustramiento obligatorio del 2020, cuando se prohibieron los bonos de bienvenida en los operadores digitales, en tanto que los casinos físicos estaban completamente cerrados. La ley actual comprende una veda en radio y televisión, con horarios exclusivos de entre 1 y 5 de la mañana, así como protocolos muy estrictos en redes sociales y prensa.

Una de las decisiones más polémicas fue el cese de los vínculos comerciales entre operadores de juego y clubes deportivos. Esta medida supuso el fin de un negocio que movía unos €400 millones anuales, y que en la actualidad intenta captar la industria de las criptomonedas.

Además, los operadores de juego deben contribuir con un 25% de sus ganancias al fomento de las organizaciones de prevención de la ludopatía. La DGOJ cerró en enero el plazo para recibir las aportaciones.

Desde Hacienda, un enfoque más liberal

A diferencia de Alberto Garzón, la ministra de Hacienda María Jesús Montero y el director de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, no ven con malos ojos la expansión de la industria del juego que tienen bajo su dominio. Se trata de SELAE y de todos los juegos de gestión pública. El último presupuesto aprobado tiene en la mira a una audiencia más joven, con la idea de consolidar el sector en el largo plazo.

El objetivo es apelar al público masculino de entre 18 y 24 años, con la meta de ampliarlo a las mujeres de la misma edad. Esta idea de buscar un público juvenil ha recibido críticas, en especial porque las tres modalidades de juego operadas por el Estado, Loterías, Quinielas y Loterías instantáneas, tienen el mayor índice de juego entre menores de edad. En los últimos años hubo noticias virales de niños que ganaron premios de lotería, como una joven abulense de 16 años y, en 2019, un niño de 15 en Barcelona.

A pesar de las restricciones de las autoridades oficiales, las iniciativas privadas parecen contar con mayores medidas de seguridad y recursos de prevención más variados.

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