Escrito por: Juan Carlos Perales
La Ley de influencers, aprobada por el Consejo de Ministros de España, establece obligaciones para las personas que se dedican a la creación de contenido. También especifica los requerimientos que debe cumplir un usuario de redes sociales para ser considerado legalmente influencer. Es la primera vez que se regula la actividad.
Para ser considerado influencer, habrá que facturar al menos 300 mil euros al año.
Ley de influencers para mayor control de las redes
El Consejo de Ministros de España ha aprobado un importante cambio en las condiciones de los creadores de contenido digital. Se trata de la Ley de influencers, una normativa que regula este rubro por primera vez y le da continuidad a una tendencia en la Unión Europea.
Esta iniciativa partió del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y su intención es incorporar a los trabajadores de las redes en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en el año 2022. Tiene la meta de mejorar la fiabilidad de los contenidos anunciados.
Según el ministro José Luis Escrivá, impulsor del proyecto, la Ley de influencers garantizará la seguridad de los consumidores digitales, en especial de los menores de edad. Al mismo tiempo, será una medida ejemplar para brindarle solidez jurídica a quienes se dedican a la creación de contenido profesionalmente.
Escrivá se ha referido a la enorme circulación que tienen los contenidos en redes sociales hoy en día, y a la centralidad de los influencers en la formación de la opinión pública, entre otras cuestiones. Por eso ha destacado que es una responsabilidad del Estado reglamentar la actividad.
Las plataformas de streaming como Twitch han acelerado los procesos de comunicación virtual, y los influencers se han presentado como una suerte de nueva figura legal. Su llegada es gigante en la generación más joven, que ha crecido expuesta a las redes sociales.
Requisitos para ser considerado influencer en España
El Real Decreto que le dio carácter oficial a la normativa establece tres condiciones para que los creadores de contenido sean considerados “usuarios de especial relevancia”, término técnico para designar a los influencers. Estos criterios son: los ingresos, los posteos en la red y el volumen de audiencia.
En primer lugar, se determina que para ser considerado influencer se deberá facturar al menos €300.000 por año. Esta es una suma a la que ni remotamente llegan el 90% de las cuentas verificadas en las redes españolas.
El segundo criterio es que los creadores de contenido deben demostrar que realizan al menos 24 posteos al año. Finalmente, se establece el mínimo de seguidores en 1 millón en una plataforma de video o de 2 millones entre varias plataformas.
Quienes se ajusten a estos requerimientos deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales, al igual que los demás medios de comunicación en España. Este paso implica nuevos compromisos para los influencers.
Por un lado, deberán ajustarse a la normativa de protección de menores. Esto quiere decir que tendrán que identificar las publicaciones pagadas por marcas, separándolas de sus propias opiniones. Al mismo tiempo, quedan imposibilitados de publicitar para industrias como el tabaco, los medicamentos y el alcohol.
Otra novedad es que los influencers deberán etiquetar el contenido según las restricciones de edad, conforme las categorizaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así pues, se toman medidas expresas sobre la publicidad de apuestas deportivas y juego online, entre otras áreas.
Una normativa en contexto
La Ley de influencers llega en tiempos dominados por la comunicación en redes y por las relaciones virtuales. El Estado cada vez se vuelve más presente en este terreno, que tradicionalmente dependió de las políticas internas de cada plataforma de contenidos.
De hecho, España es el segundo país en la Unión Europea en sancionar una legislación relativa a los influencers. Francia fue el pionero, con una normativa aprobada en el verano del año pasado.
La medida se da en medio de una situación tensa entre el gobierno y ciertas industrias, como la del juego online, a causa de las restricciones publicitarias. Recientemente el Tribunal Supremo le devolvió ciertas facultades de marketing al sector, lo cual ya despertó una réplica desde el Ministerio de Consumo.
El alcance de la publicidad resulta un tema central para el desarrollo de las casas de apuestas y casinos online. Desde el lado del gobierno, insisten con el cuidado a los menores de edad y las personas vulnerables.
Lo cierto es que los números de usuarios activos en páginas de apuestas online de España no han dejado de crecer, aun con restricciones publicitarias. El crecimiento de la industria también es tangible en sus índices de ingresos y en las contribuciones fiscales.
