Escrito por: David Álvarez
Ante la posibilidad de que el Govern quite la reducción fiscal al juego en Cataluña, el proyecto del Hard Rock se enfría pero no llega a desaparecer del todo. Desde el sector más moderado de la administración insisten en que la megainversión traería efectos positivos a la región.
El Hard Rock sigue fijo en su proyecto de megacasino en Cataluña.
El Hard Rock ante la quita de exenciones impositivas
El proyecto de un megacasino y hotel en la región de Tarragona por parte de Hard Rock sigue dividiendo las aguas en Cataluña. Ahora el Parlament se prepara para votar una ley que derogaría las exenciones fiscales que se le otorgaron al sector del juego en el año 2014.
La cámara parece tener la mayoría acordada entre los partidos políticos para que esta quita se vuelva efectiva. Se trata de una moción impulsada el año pasado por la Esquerra Republicana (ERC), partido que considera que la rebaja impositiva responde únicamente a los intereses de los empresarios inversores.
La portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, expresó que el gobierno no decidirá la efectiva concreción del Hard Rock, que permanece en manos de la voluntad de los inversores. Lo que sí definirá la administración es cuáles son los impuestos que debe pagar cada área para su desarrollo.
Asimismo, ante la perspectiva de tener que indemnizar a Hard Rock por la marcha atrás en los planes, la portavoz indicó que esa vía no está contemplada por el momento por las autoridades. El informe realizado por la Generalitat el año pasado señalaba entre €37,4 y 50 millones de indemnización.
En efecto, la empresa obtuvo un aval del Govern en el año 2018, luego de presentar avales económicos de €10 millones. A eso se le sumó un depósito de €2,5 millones al Institut Català del Sòl (Incasòl).
Desde varias áreas todavía hay esperanza de que el emprendimiento se lleve a cabo. Por ejemplo, la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, ve con buenos ojos la construcción del predio, en tanto que, en su opinión, representaría un complemento perfecto para Port Aventura en Tarragona.
Cuáles son los cambios y qué opinan los municipios
Las exenciones impositivas al sector del juego en Cataluña fueron aprobadas hace una década por pedido de los inversores de Hard Rock, que veían como una condición necesaria el tratamiento preferencial para la puesta en marcha de su operativo. El escenario político desde entonces ha cambiado de manera significativa.
Entre los artículos que se suprimirán de la ley se destaca el 17, que corresponde a la rebaja impositiva propiamente enunciada. También se quitará el artículo 11, donde se da habilitación a las empresas de casino para ofrecer crédito a los clientes.
Otros dos que entrarán en la limpieza legislativa son el artículo 15, que estipulaba una compensación a la Generalitat por el gravamen fiscal del 10%, y el 19, donde se establece la tasa turística que, en el 2014, debían pagar las empresas de juego.
La posibilidad de que el Hard Rock dé marcha atrás ha causado distintas repercusiones en los municipios donde se planeaba la construcción. El alcalde de Vila-seca, Pere Segura, considera que estos cambios representan un riesgo para la inversión, de la que se declara promotor.
En su perspectiva, el Hard Rock lograría atraer turistas a la región durante todo el año, en oposición a la marcada estacionalidad turística que se ve en la actualidad. Al mismo tiempo, este negocio implicaría la contratación de una gran cantidad de trabajadores radicados en la zona.
Por su parte, el alcalde de Salou, Pere Granados, opina que la quita de privilegios impositivos no es motivo suficiente para que se caiga un proyecto de semejante envergadura. Los inversores del Hard Rock podrán multiplicar su patrimonio en pocos años de funciones si se actúan de manera estratégica.
La propuesta original de la empresa estadounidense era utilizar dos millones de metros cuadrados en el área de Tarragona, pero luego se achicó el proyecto a 700.000. El 57% del espacio estaba planeado para hoteles, en tanto que solo el 4% sería para casinos y apuestas.
Presiones en contra del proyecto
La actualización impositiva viene a sumarse a otros obstáculos que se han presentado en la vía del Hard Rock. Uno de ellos es la resistencia ciudadana a una construcción de esas características, destinada al entretenimiento, la hostelería y el juego, en vez de a áreas más relevantes para el desarrollo social.
Esa voluntad se materializó en la organización Aturem Hard Rock, que ha celebrado la decisión de la Generalitat y apoya la retrotracción de las exenciones fiscales. Su vocera, Anna Recasens, expresó que la medida política es una cristalización de los esfuerzos para que se detenga el proyecto.
En el manifiesto de la entidad se pone el foco en dos cuestiones fundamentales: por un lado, la edificación del Hard Rock representaría un incremento en la desigualdad económica de la región, y por otra parte tendría un grave impacto ambiental.
Desde Aturem Hard Rock insisten en que las decisiones políticas deben dejar de favorecer la concentración de capital y la consolidación de las grandes fortunas. Como alternativa, proponen utilizar el dinero recaudado por Incasol para modernizar el entorno productivo del Camp de Tarragona y recudir la brecha socioeconómica.
