Escrito por: David Álvarez
El PSOE ha ingresado una propuesta no de ley en el Congreso de los Diputados para que se implemente una verificación de edad en las máquinas tragaperras. También se incluye la restricción de las personas autoexcluidas y otras herramientas de juego seguro que deberían incluirse en las slots.
Buscan mayores controles para los juegos de azar en España.
El PSOE va por la verificación de edad en tragaperras
Apenas comenzado el año, el Grupo Parlamentario Socialista, que forma parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), elevó al Congreso de los Diputados una propuesta no de ley para que se implemente un sistema de verificación de identidad en las máquinas tragaperras.
El principal objetivo es controlar el ingreso tanto de menores de edad como de personas incluidas en el registro de autoexcluidos de España. Asimismo, la iniciativa busca que en las máquinas figure un teléfono de atención para jugadores compulsivos, junto con avisos sobre el riesgo de las apuestas desmedidas.
En el comunicado que se publicó en la página web del PSOE también se especifica la intención de que las máquinas tragaperras tengan diseños menos adictivos, al igual que los juegos online. Esto representa un pedido a la industria, con responsabilidades que incluyen a los desarrolladores, operadores y entes de control.
Para ilustrar lo problemático del caso, desde el PSOE apuntaron que el 21,5% de los adolescentes de entre 14 y 18 años han afirmado haber apostado con dinero real en el año 2022, ya sea de manera presencial u online, conforme los datos sobre Uso de Drogas de Enseñanzas Secundarias en España.
De todas formas, al tratarse de una proposición no de ley, esta iniciativa no tendría un poder real de cambio, sino que representaría una declaración de la Cámara sobre el camino correcto para la industria del juego. Es decir, comporta una toma de posición por parte de las autoridades legislativas.
Las proposiciones de esta índole tienen la intención de ejercer presión sobre el gobierno para adoptar alguna medida concreta, al tiempo que sirven para mostrar la postura oficial sobre algún tema controvertido en la sociedad. De la misma manera, puede sentar los principios para la jurisprudencia del área en cuestión.
Sobre el juego problemática en España
El PSOE ha reafirmado que su moción se basa en la urgencia de la situación relativa al juego problemático en el país. Se ha señalado una media de ingreso a los 14 años para los jóvenes con síntomas de ludopatía. Progresivamente, van apostando mayores cantidades de dinero hasta encontrarse comprometidos.
De acuerdo con las cifras compartidas con el PSOE, tomadas del Informe sobre Trastornos Comportamentales 2022, realizado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones de la Delegación de Gobierno, ya en el año 2020 había unas 1.481.000 jugadores de azar activos.
Aun más: siguiendo las cifras de mediados del año pasado compendiadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), la media de jugadores activos online en España es de 1.637.831. A pesar de las restricciones a la publicidad, las bases de usuarios de las plataformas online siguen creciendo.
De la misma manera, las máquinas tragaperras continúan proliferando en el espacio público, y funcionando con controles mínimos. La industria del juego en España ahora va por más espacios dedicados a los casinos y los bingos, en vistas del éxito de esta modalidad.
Las apuestas deportivas son uno de los fuertes para este año, ante la perspectiva del Mundial de Clubes, que se jugará por primera vez con 32 equipos de todo el mundo. Este evento genera tanto movimiento en las casas de apuestas como en las autoridades a cargo de su control.
Frente a estas variables, desde el PSOE enfatizaron la importancia de ponerles barreras a los menores de edad y no dejarlos participar de los juegos de azar. En paralelo, se debe trabajar en un proceso de identificación de las juventudes para que consigan encauzarse en entretenimientos variados y libres de riesgos.
El PSOE, otra vez poniéndole un freno a la industria
El gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por un posicionamiento poco amistoso en relación con el sector del juego. En los últimos años, y sobre todo a partir de la pandemia, se llevaron a cabo una seguidilla de políticas que tendieron a restringir la capacidad de los operadores.
Bajo la gestión del exministro Alberto Garzón en el área de Consumo, se concretó el Real Decreto que le puso fin a los patrocinios deportivos de las casas de apuestas. Con ello también se limitó la exposición de la publicidad en radio y televisión y se prohibió la contratación de influencers para campañas en redes.
Estos últimos puntos cayeron el año pasado, ante la medida retroactiva del Tribunal Supremo. No obstante, Pablo Bustinduy, actual ministro del área, se ha comprometido en reincorporar las restricciones como parte de una Ley Integral de Salud, cuyo proyecto aún no se ha presentado.
Si bien ni Garzón (Izquierda Unida) ni Bustinduy (Podemos) son parte nuclear del PSOE, es cierto que la conducción de Sánchez desde el ejecutivo ha estado marcado por las controversias con el sector. Durante el último año, se volvió a discutir la asimetría de facultades entre el juego estatal y el juego privado.
Desde el empresariado afirman que el gobierno asigna presupuestos holgados para las comunicaciones del ONCE y la SELAE en tanto que le pone frenos a los operadores independientes. Por su parte, algunas firmas de apuestas ya han comenzado a asociarse nuevamente con entidades deportivas, de espaldas a la reglamentación vigente.
