El Ministerio de Consumo de España ha oficializado que, durante el primer semestre del 2023, el número de sanciones llegó a 30 entre graves y muy graves. En 14 de los casos se procedió a la baja de las plataformas, junto con una inhabilitación de 2 años. Las sanciones muy graves suman €70 millones, y las graves casi €1,5 millones.
Las medidas disciplinarias de Consumo en el primer semestre
Como mercado de juego online regulado, España tiene controles que garantizan el combate contra las ofertas clandestinas. La actividad este año ha sido bastante intensa: según informó el Ministerio de Consumo, en el primer semestre del 2023 hubo 30 sanciones a operadores fuera de la reglamentación. Esto se traduce en un total de multas que asciende a los €71.433.000.
Las sanciones fueron emitidas por la autoridad a cargo, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Conforme lo reportado, la mitad corresponde a sanciones muy graves y la otra mitad a sanciones graves. La publicación de estas medidas es un protocolo que se puso en marcha en el año 2021 y permite conocer a los operadores fuera de la ley. A su vez, funciona como una rendición de cuentas sobre la actividad de la entidad de control.
Desde la implementación de esta política se han expedido multas por un valor de €252 millones. El total de sanciones es de 122: 19 corresponden al segundo semestre del 2021; 73 a la totalidad del 2022, y 30 a los primeros seis meses del corriente año.
Cuáles fueron las sanciones muy graves
Las sanciones muy graves se refieren al funcionamiento de plataformas sin licencia, delito por el que se cobraron multas de €5 millones a las empresas en infracción. El total de casos fue de 15; de estos, 14 quedaron inhabilitados de operar en España por 2 años, por lo que no podrán pedir el permiso dentro de ese plazo. Según se dio a conocer en los medios, algunas de estas firmas son Altacore, Versus Odds, Favorit United, Ryker, Techoptions Group y AK Global.
Con esto, se estiman multas por el valor de €70 millones. La aplicación de sanciones muy graves se identifica con la lucha contra el juego clandestino, una de las áreas de incumbencia de la DGOJ. Con la expulsión de las firmas infractoras, se garantiza que las legales puedan ejercer sus derechos y competir transparentemente.
La mayoría de las empresas que quedaron inhabilitadas operaba en España con licencias de Curazao. Este país de Centroamérica es un protectorado de Países Bajos, cuyo gobierno ya pidió que se subieran los estándares para la emisión de licencias. En España, de todas maneras, la única credencial que sirve es la de la DGOJ.
Sobre las infracciones graves del primer semestre
Lo considerado como infracciones graves comprende faltas al reglamento cometidas por operadores con licencia. En los primeros seis meses del año, el total fue de 15, y la recaudación esperada por las sanciones es de €1.333.000. Las multas individuales son mucho menores que las consignadas como muy graves.
Algunas de las firmas en falta fueron Codere, bet365 y Marathonbet. Puntualmente, Codere ha tenido otros problemas concernientes a irregularidades en sus operaciones de América Latina, por lo que fue advertido por la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV). La empresa española está atravesando un momento de reestructuración y pedidos de liquidez.
Otra de las ventajas de un mercado regulado
La actividad del Ministerio de Consumo a través de la DGOJ visibiliza la preocupación por el alcance del juego. Las medidas estrictas que el ministro Alberto Garzón propuso desde el comienzo de su mandato han dejado en claro que no hay lugar para operaciones fuera de la ley. De hecho, en estos años los ajustes fueron transformando al mercado de juego digital en un espacio mucho más regulado.
Este tipo de modelos se han estado aplicando en países de América Latina, como México, Uruguay y Brasil. En Argentina es similar, pero gobernado por cada provincia. Colombia, por su parte, tiene una legislación similar a la española, aprobada casi en paralelo que en España. Por eso se ha transformado en el epicentro de la industria en la región. Los países donde hay modelos monopólicos, como Chile y Paraguay, han demostrado ser menos seguros para los usuarios y menos rentables para el empresariado. En ambos casos se trata de mercados muy acotados y con una oferta mucho menor que la demanda.