Escrito por: Facundo Rossi
Ante el crecimiento de la ciberludopatía entre adolescentes, en la legislatura porteña han presentado un proyecto para endurecer las medidas de seguridad. Se trata de una iniciativa de Juan Manuel Valdés, de Unión por la Patria (UP). Ya hay 19 propuestas sobre el tema de la ludopatía, pendientes en tratamiento.
Hay más de una decena de plataformas legales para apostar en CABA.
Nuevo proyecto para cambiar la ley de juego en la capital argentina
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha recibido una propuesta para modificar algunos puntos importantes de la Ley de Juegos de Apuesta. Consiste de una actualización para asegurarse de que los menores de edad no puedan ingresar en ningún tipo de plataforma online.
El proyecto fue presentado por el diputado Juan Manuel Valdés, de Unión por la Patria (UP), mayoría opositora en la Legislatura. Este sería la vigésima iniciativa parlamentaria para abordar el problema de la ciberludopatía entre niños y adolescentes en la capital argentina.
Sin embargo, no se trata de un tema aislado en la Ciudad de Buenos Aires, sino que responde a una oleada en todo el territorio. Desde el arribo de los operadores online, se ha visto un crecimiento tangible de la adicción al juego, sobre todo en sectores vulnerables.
Puntualmente, el proyecto de Valdés implica un aumento en el control al momento de realizar la verificación de la identidad en cualquier casino online o casa de apuestas. En la actualidad, se requiere la documentación del usuario; el cambio propuesto introduce el uso de los datos biométricos.
Esto quiere decir que las apps y páginas de juegos y apuestas deberán contar con mecanismos para reconocer las huellas dactilares, el iris ocular o los rasgos biológicos de los usuarios. Se trataría de una innovación tecnológica con un claro impacto en la seguridad del sector.
En caso de que la plataforma no pudiera reconocer los datos biométricos del cliente, deberá bloquear su acceso. Según el diputado Valdés, esta medida garantizará la restricción a apostar para menores de edad, teniendo en cuenta que los adolescentes son las principales víctimas de la adicción al juego online en estos tiempos.
Más controles para los sitios legales, ¿y los operadores clandestinos?
Si bien el proyecto de ley implicaría mayor seguridad en las plataformas legales de apuestas, no toma en cuenta el caso de los sitios ilegales. De hecho, la verificación de edad en los operadores con licencia funciona muy bien; el verdadero problema radica en la oferta clandestina.
Las autoridades han reconocido que el acceso mayoritario de los menores de edad a los juegos y las apuestas online es a través de “cajeros”, es decir, personas que trabajan de intermediarios para que terceras personas apuesten sin registrarse. Una modalidad más del empleo informal en Argentina.
Este tipo de esquema Ponzi no es exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires, sino que hay casos todo a lo largo del país. Un caso reciente ha generado mucha resonancia: se trata de una docente de Salta, encontrada culpable de promover apuestas ilegales en sus redes.
Además de representar un peligro para la salud pública, las plataformas sin licencia representan un serio caso de competencia desleal, que atenta contras los operadores que pagan sus permisos y se ajustan a las legislaciones de cada jurisdicción. Los adjudicatarios han solicitado mayor compromiso del instituto de Loterías de Buenos Aires (LOTBA).
En la Ciudad solo hay 10 plataformas de casino online y apuestas deportivas habilitadas, a saber: Codere, Jugadón, BetWarrior, bplay, Casino de Buenos Aires, PlayUZU, Betsson, bet365, Betfun y Super7. A ellos se le suma la clásica Lotería de la Ciudad, el sorteo público que se realiza con fines benéficos.
Todas estas plataformas pueden ser reconocidas por el dominio de juego seguro “.bet.ar.”. Esto responde a una campaña de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), para lograr cierta homogeneidad. Los operadores que no tienen esa terminación están fuera de la ley y deben ser denunciados.
Actividad en Buenos Aires para prevenir la ludopatía en adolescentes
La Legislatura se ha comprometido a tratar los temas pendientes en relación con la adicción al juego entre menores. Desde la aprobación del reglamento de apuestas a distancia, luego de la pandemia, no se realizó un seguimiento del tema. La actividad acabó por mostrar una de sus peores caras.
Durante las vacaciones de invierno, el equipo de Juego Responsable de LOTBA realizó una campaña en el espacio público para concientizar sobre la problemática. Como parte del programa “Lo que está en juego”, el gobierno de la Ciudad ha desarrollado intervenciones para poner sobre la mesa la realidad de la ludopatía en adolescentes.
Desde la Jefatura aseguran que el programa ha alcanzado a 300 familias en lo que va del 2024. Esto implica unas 6.000 personas, entre las que han destacado a 300 alumnos de escuelas porteñas, que participaron de charlas formativas.
Hasta el momento, LOTBA ha bloqueado 1.200 plataformas ilegales. Esto es, prácticamente mil veces más que la cantidad de sitios habilitados. Si la oferta clandestina supera de este modo a la legal, es porque hay una demanda que no se termina de explotar.
El hecho de que este fenómeno no sea local queda reflejado en las recientes interconsultas de las respectivas autoridades provinciales. En el caso de LOTBA, la última reunión de este tipo fue la celebrada con la entidad de Loterías de Chubut. Allí se compartieron las experiencias regulatorias, que en cada caso han ido por vías diferentes.
En cuanto a la provincia de Buenos Aires, su propio instituto de casinos, el IPLyC, ha estado siguiendo el tema de la ludopatía infantil. La gobernación lanzó su Plan Integral de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía Adolescente, con el que intenta llegar a escuelas y barrios.
Sobre todo, las autoridades de cada una de las provincias están preocupadas por un tema muy concreto: se les está escapando un enorme caudal de impuestos. Las plataformas online están gravadas con índices mucho más altos que otros sectores, y dejan cuantiosas sumas para el fisco por sus matrículas de habilitación.
