México va por la reforma impositiva en el sector del juego
La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA) le ha realizado un pedido al gobierno mexicano para que actualice los impuestos a los casinos y áreas afines. El sector es el más altamente gravado en México, y los representantes de la industria sostienen que este régimen es contrario al crecimiento sostenible.
Los casinos de México pagan los impuestos proporcionalmente más altos del país. (©Donato Gamboa/Unsplash)
Por una homologación de impuestos justa
Los gravámenes fiscales de la industria del juego han sido uno de los ejes de controversia más históricos en las relaciones entre el sector y el gobierno mexicano. La actual administración de Andrés Manuel López Obrador no ha sido particularmente flexible en este aspecto. Por eso es que los representantes de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA) han reclamado por una actualización en los reglamentos que atañen a los casinos y casas de apuestas de México.
Puntualmente, AIEJA pide un impuesto único, justo y proporcional. Según la perspectiva de esta organización, el actual régimen fiscal es contraproducente a lo que intenta generar. Lejos de brindar solidez a la industria, fomenta el juego clandestino y desalienta la inversión por parte de entidades internacionales. Todo esto repercute en los usuarios, que tienen menos claras las vías del juego responsable.
Según Miguel Ángel Ochoa, presidente AIEJA, el sector del juego es el más gravado de la economía mexicana. Antes de la pandemia, cuando las 384 salas de juego habilitadas del país estaban en pleno funcionamiento, la contribución por año a la Federación era de unos 5.000 millones de pesos mexicanos (US$250 millones), mientras que los municipios y estados recibían unos 2.500 millones anuales (alrededor de US$125 millones).
Poco incentivo del gobierno mexicano al sector
En la actualidad existen dos corrientes legislativas bien determinadas en relación con la industria de las apuestas. Por un lado, están los gobierno que promueven la actividad, con la intención de mejorar sus condiciones y recibir más aportes desde el fomento a la industria. Por el otro, están las administraciones de perspectiva prohibicionista, que se caracterizan por decretar normas de restricción para minimizar el alcance de las empresas. El mandato de López Obrador en México parece ir por esta última vía.
Es que, ya desde el comienzo de su gobierno, el presidente anunció que no aumentaría el número de licencias para habilitar nuevas salas de juego en el país. La Secretaría de la Gobernación tiene la orden de no emitir más permisos. Esto constriñe directamente la expansión de los casinos y las casas de apuesta de México.
De hecho, desde AIEJA expresan que una reducción impositiva y mayores libertades de mercado se podrían traducir, en realidad, en un mayor monto de contribuciones. Con menos estrangulamiento fiscal, los casinos podrían maximizar el uso de sus licencias para abrir nuevas salas de juego. Esto aumentaría las ganancias, lo cual, aun a menos porcentaje de impuestos, significaría mayores ingresos para el Estado. Con las 36 licencias actuales, es posible administrar 754 casinos, pero en la actualidad solo hay 384 activos.
AIEJA, por la ampliación de oportunidades
Las representantes de AIEJA tienen como objetivo la reducción fiscal desde hace años. La organización está conformada por el 90% de los permisionarios de salas de juego y casinos en México. Con esto, se le da voz al reclamo de una fuerte parte del empresariado del país. El sector del entretenimiento, además, fue uno de los principales damnificados por la recesión causada por la pandemia de Covid.
La actividad de AIEJA ha dado algunos frutos en forma de medidas concretas en ciertas jurisdicciones. Por ejemplo, a comienzos de mayo se aprobó en Nuevo León el “Acuerdo de Facilidad Administrativa”, según el cual se minimiza el pago de derechos de explotación de máquinas tragamonedas para afiliados a la entidad.
De todas formas, como señala Miguel Ángel Ochoa, en Nuevo León rige un impuesto desde el año 2016 que aumenta el gravamen por porcentaje de jugadores. Ese mismo índice se incrementó este año hasta llegar al 15%. Así pues, aun las facilidades administrativas no terminan de compensar la incidencia de los impuestos en el área del juego.
Si los afiliados a AIEJA pudieran explotar toda la extensión de las 36 licencias vigentes, se podrían duplicar los 150.000 puestos de trabajo actuales, al abrir unas 370 salas de juego más. Para ello, desde la entidad se pide un marco jurídico que aliente a los inversionistas y que contenga las empresas.
La sociedad mexicana demuestra ser muy receptiva a las propuestas de juego y las apuestas. El sector de apuestas deportivas online, por ejemplo, ha dado excelentes resultados y genera un enorme entusiasmo. Los casinos de tierra, por su parte, son una parte constitutiva del turismo nacional, que no ha podido recuperarse por completo luego de la pandemia.