Escrito por: David Álvarez
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha publicado la nueva Carta de Servicios 2024-2027, con mayores perspectivas de seguridad para los usuarios. Hay un mayor foco en la prevención de estafas como el phishing y se destaca la lucha contra el blanqueo de capitales, además de algunos cambios en los plazos administrativos.
La Carta de Servicios es la presentación de las funciones de la DGOJ.
Qué es la Carta de Servicios de la DGOJ
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha publicado en su sitio web la nueva Carta de Servicios correspondiente a 2024-2027. Esta es la presentación a la ciudadanía de las funciones que le competen al organismo, en la que se incluyen los derechos de los consumidores y usuarios.
Como regulador del juego en España, la DGOJ tiene la obligación de renovar su Carta de Servicios por períodos determinados, al igual que otros órganos y entes públicos que forman parte del Estado. En el documento se pueden encontrar las garantías de las que dispone la ciudadanía en relación a las facultades de la institución.
La actualización de la Carta de Servicios responde a lo explicitado en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. Allí se indica una estructura para la optimización de los servicios que atañen a la Administración General del Estado.
En el caso de la DGOJ, el documento se enfoca en todo lo relativo a la integridad, seguridad y transparencia en el ámbito del juego. Esto implica la supervisión del cumplimiento de las normativas vigentes por parte de los operadores, así como la constancia de las garantías jurídicas de los usuarios.
No solo su pueden encontrar las referencias de contacto de la entidad, sino también las bases legales de su autoridad. La DGOJ entró en vigencia a partir de la legalización de los juegos de azar en línea, mediante la Ley 13/2011, de 27 de mayo, en la que se regulan las apuestas.
Entre las principales premisas de la Carta de Servicios actual, al igual que en la anterior, se cuenta la protección de menores, quienes tienen prohibido por ley cualquier tipo de participación en juegos, sorteos y apuestas.
También se brindan detalles sobre la autoexclusión, herramienta por la cual los ciudadanos pueden optar por no participar del juego, lo cual incluye su derecho a no recibir publicidades orientadas. Para ello se debe ingresar en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).
Las personas autoexcluidas no solo tendrán el acceso prohibido a los locales de apuestas, sino también a los portales digitales donde se ofrecen servicios de juego. Los operadores que infringen estas normas reciben sanciones económicas por parte de la DGOJ.
Similitudes con la anterior Carta de Servicios
La nueva Carta de Servicios no presenta una diferencia de espíritu significativa con su versión anterior. La DGOJ reafirma su compromiso con la sociedad y su misión de garantizar una marco seguro para el desarrollo de los juegos y apuestas.
Al igual que en el modelo 2019-2022, el organismo establece su obligación de rendir cuentas en relación con el cumplimiento de sus objetivos a través de su página web. Los servicios también son los mismos: emisión de licencias, supervisión de plataformas, homologación de sistemas, promoción del juego responsable, entre otros.
El combate contra la oferta clandestina vuelve a aparecer, esta vez de una manera más explícita y contundente, en vista del crecimiento de esta problemática no solo en España sino en toda la región. La DGOJ ha introducido sistemas más sofisticados para la detección y el bloque de las plataformas ilegales.
También se repite la invitación a la participación ciudadana mediante las denuncias a operadores fuera de la ley y el envío de reclamos sobre irregularidades. Mediante el sitio de la DGOJ se pueden hacer llegar sugerencias sobre acciones ligadas al juego responsable.
Las innovaciones de la DGOJ para el período 2024-2027
Entre los aspectos cambiaron se pueden incluir los plazos administrativos para distintos trámites. Por ejemplo, en la versión anterior las altas y bajas en el servicio de autoexclusión eran de dos días hábiles, en tanto que ahora se extendió a tres.
Lo mismo se puede ver en los plazos para responder las consultas de los usuarios. Ahora habrá hasta 60 días para su envío, mientras que en la Carta anterior el máximo era de 45 días.
La Gestión de Reclamaciones ha visto un cambio similar. El plazo pasó de 45 a 55 días naturales para gestionar los reclamos enviados por los usuarios.
Más importante es el énfasis que recibe el Servicio de Phishing Alert en la presente Carta de Servicios. Este sistema se ha introducido recientemente, como respuesta a la amenaza constante que sufre la ciudadanía por parte de estafadores.
El phishing es un tipo de fraude que se caracteriza por su naturaleza digital. Consiste en el envío de mensajes, ya sea de correo electrónico o de otro tipo, firmados por autoridades oficiales, aunque se trata de falsificaciones. De esta manera se le suele pedir información clasificada a los remitentes.
Los mensajes de phishing suelen diferenciarse de las comunicaciones legítimas por faltas de ortografía, fallas en los logotipos de las entidades, o irregularidades en la coherencia del texto. Además, se debe tener en cuenta que las instituciones como bancos nunca solicitan datos confidenciales por medios abiertos.
Otro punto importante en la Carta de Servicios 2024-2027 es la relevancia que tomó la Prevención del Blanqueo y la Financiación del Terrorismo. La DGOJ ha hecho hincapié en esta cuestión ya que los portales de juego online suelen ser vías idóneas para este tipo de delitos.
Mientras que esta área no se incluía de manera explícita en la gestión 2019-2022, ahora hay un protocolo entero sobre el tema. La amenaza de ataques terroristas se ha convertido en una preocupación seria del Estado español, así como de toda Europa, principalmente por las guerras que atañen a la región.
Finalmente, el nuevo documento actualiza la dependencia de la DGOJ. Mientras que antiguamente era parte del Ministerio de Hacienda, desde hace algunos años se ha vuelto parte del área de Consumo, que en la actualidad se halla bajo la estructura del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy.
