Escrito por: Juana González
Funcionaba en un reconocido predio del barrio Santa Fe. Los apostadores eran estafados con carreras de galgos grabadas y juegos sin certificaciones oficiales. El casino debería haber tributado por aproximadamente 26 millones de pesos. Se decomisaron 89 elementos de apuestas ilegales.
Coljuegos golpea al juego clandestino en Bogotá
Las autoridades colombianas mantienen su compromiso por combatir las operaciones de juego ilegal. A comienzos de año Coljuegos desmanteló una red de casino ilegal con apuestas deportivas trucadas que funcionaba en la ciudad de Bogotá.
Según constó en los medios, en el operativo participaron casi un centenar de uniformados de las fuerzas de seguridad. Se encontraron 5 instalaciones con juegos de azar y apuestas clandestinas, en el predio de más de 7.000 metros cuadrados del barrio Santa Fe donde funcionaba el conocido Club La Piscina.
El Club había sido clausurado en el año 2021 por ofrecer servicios sexuales y estar comandado por la banda criminal Los Compas, dedicada al narcotráfico y la trata de personas. Sin embargo, fue notorio que el establecimiento había vuelto a sus funciones por el constante movimiento de gente.
En efecto, las instalaciones funcionaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los servicios de inteligencia de Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (Unipol) alertaron a Coljuegos.
La entidad de control subió a su página oficial un reporte sobre la situación. Allí se da cuenta de las actividades que se realizaban en el establecimiento sin permiso.
Como parte del golpe, se incautaron 89 elementos para realizar apuestas por internet, 1 máquina electrónica de slot, 29 computadoras, 31 televisores, 28 CPU, impresoras de tickets, memorias VDR y otros tipos de elementos, cuyo valor se calcula en $500 millones de pesos.
Riesgos para los usuarios, pérdida para el Estado
Estas centrales de juego ilegal son fuente de lavado de dinero y de otros delitos graves. Pero sobre todas las cosas representan graves riesgos para los usuarios, quienes no siempre reconocen las salas de apuestas legales.
En este caso, se descubrió que se ofrecían apuestas a carreras de galgos grabadas, y de las que por la tanto se conocía el resultado. Se trata de una trampa común en las casas de apuestas sin habilitación, donde se le roba sin tapujos el dinero a los jugadores.
Si una persona apostaba por un animal, se ponía un video en el que ganaba. Se lo seguía haciendo hasta que la misma persona apostaba una suma mayor. Allí se ponía un video que daba al animal como perdedor, y se “limpiaba” a la víctima del fraude.
Además, los juegos de casino, como la máquina tragamonedas incautada, no tenían ninguna clase de certificación. Esto quiere decir que no contaban con pruebas sobre la transparencia de los resultados. Generalmente las máquinas se hallan intervenidas para perjudicar a los clientes y darle más ganancias a la casa.
Como resultado del operativo, 4 personas han sido puestas a disposición de un juez de garantías. Una de ellas es reincidente. Desde Coljuegos calculan que las salas estaban evadiendo una tributación cercana a los 26 millones de pesos. Asimismo, realizaron un llamado para regularizar todas las apuestas de Colombia.
Poniendo el juego en orden
A los fondos perdidos por omisión de impuestos, se les debe sumar la pérdida de aproximadamente 5.200 millones de pesos al año en concepto de derechos de explotación. No es un delito menor, si se tiene en cuenta que esos fondos se destinan a la salud pública.
En efecto, el sistema de juego colombiano es uno de los principales contribuyentes a la salud. Por su rendimiento, se ha establecido como uno de los modelos para el resto de la región, especialmente en lo que concierne a la modalidad online.
Colombia cuenta con una reglamentación de apuestas digitales desde hace más de 10 años. En el resto de América Latina, estas legislaciones son mucho más recientes.
Las autoridades nacionales han realizado importantes operativos contra el juego clandestino en los últimos años. Es una manera de consolidar las garantías de las empresas que ofrecen sus servicios legalmente y con medidas de seguridad. A la vez, representa un modo de cuidado de los usuarios.
