Las estafas normalizadas en España: cómo afectan tu bolsillo
- El 35% de los encuestados identifica los cargos de mantenimiento de cuentas bancarias como la estafa normalizada más prevalente, seguida por el impuesto de sucesiones (27%) y los préstamos de los bancos (22%).
- En cuanto al impacto económico, un 30,9% de los encuestados estima que gasta entre 50 y 200 euros al mes en estas estafas normalizadas.
- Casi la mitad de los encuestados (49,9%) cree que estas prácticas persisten porque todo el mundo las acepta y el 45% porque son legales.
- El 89% de los españoles ha sido objetivo de fraude o estafa, y un 45% ha caído víctima de estas.
- El phishing es la estafa más común, afectando al 33% de los encuestados.
- Un 88% de los usuarios reconoce evitar compartir sus datos en internet por motivos de seguridad.
¿Cuántas veces hemos oído hablar de una “estafa” que todos experimentamos a diario, pero que resulta ser completamente legal?
En España, las “estafas” normalizadas representan una realidad silenciosa que afecta a muchos, ya que se han integrado de manera casi imperceptible en nuestra vida cotidiana, imponiendo cargas económicas que muchos ciudadanos sienten que no pueden evitar.
Aunque son legales y ampliamente aceptadas, generan un impacto significativo en los presupuestos personales.
Por ello, a través de una encuesta, hemos querido explorar cuáles son esas prácticas que los ciudadanos consideran “estafas” normalizadas, cómo las perciben, y hasta qué punto afectan su economía personal.
Cargos bancarios e impuesto de sucesiones: las “estafas” más reconocidas por los españoles
En España, dos prácticas destacan claramente como las “estafas” normalizadas más reconocidas: los cargos de mantenimiento de cuentas bancarias y el impuesto de sucesiones.
Según nuestro estudio, un 34,8% de los encuestados considera que los cargos que imponen los bancos por el simple hecho de mantener una cuenta activa son una de las “estafas” más comunes.
El impuesto de sucesiones es también visto como tal por un 27,3% de los encuestados. Este tributo, que se aplica a la transmisión de bienes tras el fallecimiento de una persona, es percibido como una doble imposición que castiga a las familias en momentos de vulnerabilidad. En muchos casos, los herederos se ven obligados a vender propiedades o activos para poder hacer frente a este impuesto.
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Por su parte, el 21,9% de los encuestados señala los préstamos de los bancos como una “estafa” normalizada. Los altos intereses, las comisiones ocultas y las condiciones contractuales que a menudo favorecen a las instituciones financieras en detrimento de los consumidores, contribuyen a esta percepción negativa. Para muchos, estos préstamos, aunque necesarios en algunas situaciones, se han convertido en una fuente de abuso financiero en lugar de un apoyo económico.
Con el mismo nivel de desaprobación (21,9%) se encuentran las suscripciones automáticas que son difíciles de cancelar. En la era digital, muchas personas se suscriben a servicios que ofrecen pruebas gratuitas o descuentos iniciales, pero luego encuentran complicado o casi imposible cancelar estas suscripciones. Las dificultades para poner fin a estos servicios, junto con los cargos recurrentes que se acumulan, hacen que muchos usuarios se sientan atrapados.
La obsolescencia programada es también considerada una “estafa” por el 17,8% de los encuestados. Esta estrategia de fabricar productos con una vida útil intencionadamente corta obliga a los consumidores a adquirir nuevos artículos con mayor frecuencia de lo necesario.
Por otro lado, el sobreprecio en productos destinados a mujeres, conocido como tasa rosa, es visto como una “estafa” normalizada por el 14% de los encuestados. Este término se refiere a la diferencia de precios donde los productos para mujeres son a menudo más caros que los equivalentes masculinos, a pesar de ser prácticamente idénticos.
Comparando las percepciones sobre las “estafas” normalizadas con las opiniones sobre cuáles deberían ser ilegales, vemos un patrón claro: los cargos de mantenimiento de cuentas bancarias y el impuesto de sucesiones no solo son vistos como las “estafas” más comunes (34,8% y 27,3% respectivamente), sino que también son consideradas por muchos como prácticas que deberían ser prohibidas (33,6% y 32,9%).
Las familias se gastan de 50 a 200 euros al mes en estas “estafas” normalizadas
Este malestar se refleja en los presupuestos familiares, donde las “estafas normalizadas” representan un gasto significativo cada mes.
La mayoría de las familias encuestadas (un 30,9%) se enfrenta a un gasto mensual que oscila entre 50 y 200 euros. Un 25,7% de los encuestados reconoce gastar entre 10 y 50 euros al mes, mientras que un 5,7% destina entre 200 y 500 euros.
Es preocupante que un 3,9% de los encuestados afirma gastar más de 500 euros mensuales en estas “estafas”, lo que evidencia que, para algunos, estos gastos pueden llegar a ser sorprendentemente altos y afectar significativamente sus finanzas.
Casi la mitad de los encuestados (47%) considera que estos desembolsos tienen un impacto de moderado a alto en sus presupuestos mensuales, subrayando cómo estos gastos pueden llegar a desestabilizar las finanzas personales de una parte considerable de la población.
En cuanto a cuáles de estes “fraudes” normalizados tienen un mayor impacto en la economía personal, los cargos de mantenimiento de cuentas bancarias se destacan como la principal preocupación, afectando al 26,7% de los encuestados. Los préstamos de los bancos son también una carga considerable para el 18,5% de los participantes.
Otros aspectos que golpean fuertemente el bolsillo de los encuestados incluyen los gastos de gestión por internet (15,2%) y las suscripciones automáticas, que un 14,4% considera especialmente problemáticas debido a la dificultad para cancelarlas.
¿Por qué se consideran “estafas” normalizadas?
El estudio revela que la principal razón por la que los encuestados las consideran como “estafas normalizadas” es la sensación de obligatoriedad en el pago. Un 52,7% de los encuestados afirma sentirse obligado a pagar por estos productos o servicios, lo que refleja un fuerte sentimiento de falta de control y elección. Además, un 48,8% señala que implican el pago por servicios que deberían ser gratuitos.
Y su normalización parece estar profundamente enraizada en la aceptación social y legal de las mismas. Casi la mitad de los encuestados (49,9%) cree que persisten porque todo el mundo las acepta, lo que sugiere que la presión social juega un papel crucial en su perpetuación. Además, el 45% considera que la legalidad de estas prácticas contribuye a su normalización.
Un 77,8% de los encuestados cree que, en mayor o menor medida, las personas en su entorno también las consideran “estafas normalizadas”. Esto indica no solo son vistas como injustas por algunos, sino que existe un consenso social significativo sobre su carácter abusivo.
El 89% de los españoles ha sido objetivo de fraude o estafa
Sin embargo, no todas las estafas de las que son víctimas los españoles son legales o están normalizadas. En este contexto, hemos querido complementar nuestro estudio con datos sobre estafas reales online.
La encuesta revela que casi la mitad (45%) de los encuestados ha sido víctima de una estafa o un ciberataque. Además, un 44% ha experimentado intentos de estafa, lo que indica que una gran mayoría (89%) ha sido objetivo de algún tipo de fraude en algún momento.
Entre los tipos de estafas reportadas, el phishing por correo electrónico se destaca como la más común, afectando al 33% de los encuestados. Le siguen las estafas telefónicas (32%) y las estafas por WhatsApp (28%), lo que refleja la diversidad de métodos utilizados por los estafadores para intentar engañar a los usuarios.
Es por ello que no es de extrañar que un 88% de los usuarios reconoce evitar compartir sus datos en internet por motivos de seguridad.
La seguridad en internet sigue siendo una preocupación central para los usuarios. Las tres principales áreas de inquietud identificadas en el estudio son el acceso no autorizado a información personal (55,4%), la suplantación de identidad (50,2%) y el fraude bancario online (49,3%).
Estas preocupaciones reflejan el miedo generalizado a la pérdida de privacidad y a la posibilidad de sufrir daños financieros como resultado de actividades fraudulentas. Además, casi la mitad de los encuestados (47,6%) teme ser víctima de fraude en compras online.
Esta realidad no solo subraya la importancia de protegerse frente a estafas en el entorno digital, sino que también nos obliga a cuestionar aquellas prácticas aceptadas que incrementan la vulnerabilidad de los consumidores. La percepción de injusticia y el impacto económico de estas “estafas” normalizadas resaltan la urgencia de revisarlas y de ofrecer a los consumidores tanto la información como las alternativas necesarias para que se sientan seguros, tanto en el ámbito digital como fuera de él.
Metodología
Para obtener estos datos, se realizó una encuesta el 30 de julio, dirigida a 1.000 adultos residentes en España, con edades comprendidas entre 16 y 60 años. La encuesta incluyó preguntas sobre las “estafas” normalizadas y aspectos generales de ciberseguridad. La muestra se seleccionó mediante un muestreo aleatorio estratificado para asegurar la representatividad en cuanto a género, nivel socioeconómico y ubicación geográfica.